"Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos."

Eduardo Galeano

La lucha contra el cambio climático va a enfrentarse en la cumbre del G-8 en Alemania al mismo fantasma que destrozó Kioto: Estados Unidos. Washington ha declarado la guerra abierta al borrador con medidas concretas elaborado por la cancillera alemana, Angela Merkel, que marca objetivos como reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 50% para el 2050 y contener el ascenso de la temperatura durante el próximo siglo. La tajante oposición estadounidense al texto amenaza con hacer imposible que se alcance un compromiso en la reunión que se celebrará entre el 6 y el 8 de junio en Heiligendamm.

La radicalización de la postura de Washington se ha confirmado en un documento que ha filtrado Greenpeace. Se trata de un texto de lenguaje amenazante datado el 14 de mayo. "Estados Unidos mantiene preocupaciones serias y fundamentales sobre el borrador --dice el texto--. El tratamiento del cambio climático va en dirección contraria a nuestra postura general y cruza demasiadas líneas en términos de lo que no podemos aceptar. Hemos intentado pisar suavemente, pero solo podemos llegar a cierto punto, dada nuestra oposición a la posición alemana". Washington apuesta por enfrentarse al problema del cambio climático con soluciones basadas en avances tecnológicos y rechaza la idea de fijar marcas referentes a emisiones de gases y obligar a los miembros del G-8 a incrementar para el 2020 su eficiencia energética en un 20%. Asimismo, se opone a que la declaración del G-8 reconozca a Naciones Unidas como el foro para negociar futuras acciones globales sobre cambio climático.

En el documento queda claro el enfado de Washington porque los últimos borradores no hayan reflejado cambios que EEUU ha ido proponiendo en las distintas fases de la negociación. "Se dice que el comunicado es definitivo, pero nunca mostramos nuestro acuerdo con el lenguaje climático presentado en el documento", protesta el texto, que añade: "La mayoría de nuestros comentarios no se han abordado y se ha añadido texto problemático".

Desde Greenpeace se denuncia a EEUU con espíritu de resignación y uno de sus especialistas ha dicho que "los intentos de la Administración de evitar cualquier acuerdo significativo en la cumbre son criminales, pero no inesperados".

Diario Córdoba

La medida de los corredores propuesta por la organización ecologista se plantea a raíz de los problemas medioambientales que el cultivo de fresón viene acarreando en la zona desde los años ochenta, según explica WWF/Adena. La organización señala en su informe, denominado Fresa y Naturaleza en Doñana, que su propuesta tiene el objetivo de facilitar la convivencia del cultivo de la fresa y la conservación de la naturaleza en Doñana.

El cultivo de fresón está teniendo un fuerte impacto sobre la calidad y la cantidad de agua disponible para los humedales del Parque Nacional y sobre la conexión entre éste y otras zonas de valor medioambiental del entorno. Según datos de WWF/Adena, unas 449 hectáreas de regadíos se sitúan sobre espacios protegidos de la Red Natura 2000, y 2.173 hectáreas han ocupado montes públicos. A esto se suma el hecho de que en el entorno de Doñana puede considerarse ilegal aproximadamente la mitad del agua utilizada para el cultivo del fresón, señala la organización.

Por ello, WWF/Adena considera necesario esos corredores, así como la reordenación del espacio agrario, medidas para el uso eficiente del agua y la eliminación de contaminación de agua y suelo con pesticidas y fertilizantes.

Los corredores ecológicos propuestos conectarían Doñana con las áreas de Río Tinto y Arroyo Candón a través de zonas de monte y agricultura al noroeste de toda la zona de Doñana (el Parque Natural y el Parque Nacional), apoyándose en arroyos y montes públicos. El plan de WWF/Adena contempla tres corredores en La Rocina, en Cañada-Vaquerizas y el estero de Domingo Rubio. Esto permitiría recuperar la conexión física de Doñana con el río Tinto y el arroyo Candón, vía natural de dispersión de la fauna hacia y desde Sierra Morena.

Además, los corredores ecológicos permitirían recuperar la funcionalidad de los bosques y arroyos de la zona. En cuanto a la fauna, beneficiarían sobre todo a mamíferos de mediano tamaño como el meloncillo, la nutria o el lince, argumenta la organización ecologista.

EL PAÍS

Además: Fresas y Doñana

• Es la única planta oleaginosa cuyo ciclo productivo se extiende por más de 40 años.
• Se adapta a suelos de poca fertilidad.
• El aceite producido a partir de la semilla de la Jatropha curcas es semejante al diesel obtenido del petróleo.
• La semilla genera un rendimiento de aceite entre el 30 y 40% (Últimos estudios dan un promedio del 38%).
• Es un cultivo social ya que se pueden generar pequeños emprendimientos de 3 a 5 has, manejados por una familia como técnica de autogestión de empleo, teniendo un rendimiento de explotación importante.
• Si el terreno lo permite, se puede asociar el cultivo con una forrajera y obtener un rendimiento adicional para la misma superficie de plantación.
• Empresas que generaron transferencia tecnológica en Brasil, determinaron que se puede hacer una primera cosecha de hasta 250 kg. en los primeros 6 a 8 meses de crecimiento de la planta. La verdadera cosecha comercial se da tras el primer año de crecimiento y la producción se estabiliza cuando la planta tiene 4 años, obteniéndose de 1.500 kg a 2.000 kg. en terrenos áridos o semiáridos. Esta producción de cosecha se duplica de 3.000 kg a 4.000 kg con el agregado de irrigación a la plantación.
• Investigaciones efectuadas en Brasil, determinaron que el aceite de la Jatropha curcas es muy parecido al de la Colza o Canola.
• La Jatropha resiste altas temperaturas (más de 40 ºC) y sequías (más de ocho meses), al tiempo que protege y fertiliza el suelo.
• La planta es tan venenosa que ni siquiera hace falta cuidarla de su depredadores.
• Extensiones de tierra hasta ahora inservibles podrían ser cultivadas, creando puestos de trabajo y beneficios a regiones con pocos recursos.

Tiempos de codicia
La divisa es el saqueo. La economía española va viento en popa, pero el país hipoteca su futuro y se desentiende del cambio climático.

PAUL INGENDAAY / FAZ MADRID, 28 de marzo.

Según una encuesta publicada recientemente, de entre todos los europeos, son los españoles los que más se preocupan por el cambio climático, pero eso no son más que números. ¿Quién se iba a extrañar? España está en el sur. Siete de cada diez españoles, se dice, están "muy preocupados" por el calentamiento global, el riesgo de sequía, la elevación del nivel del mar, el deshielo de los casquetes polares, etc. Los siguientes puestos de preocupación de los europeos los ocupan Chipre, Malta, Grecia, Portugal, Rumanía e Italia. Lo dicho, el sur. En Finlandia, de momento no hay por qué temer a los veranos desérticos.

Pero si nos fijamos en las consecuencias que se desprenden de esta preocupación, el tema tiene mala pinta para los españoles, por varias razones. La primera y más obvia es que se interesan poco por la ecología y la ciencia del clima, están muy rezagados en temas de medio ambiente y no son nada amigos de las normas que limitan su libertad de movimiento. Nunca ha habido "conciencia ecológica" en España, y la política verde no existe a nivel nacional.

Bien es cierto que en verano hay spots publicitarios que propugnan cándidamente el ahorro de agua; pero cuando en febrero la Ministra de medio ambiente, Cristina Narbona, sumó a las preocupantes conclusiones del estudio sobre el clima de la ONU unas investigaciones españolas según las cuales se produciría un aumento de las temperaturas de cuatro a siete grados hasta el final del siglo, y con ello una catástrofe climática ibérica, la opinión pública no se dio por aludida. Los columnistas y los "opinion maker" prefieren ocuparse de temas más importantes que la canícula, las pérdidas de cosechas, la desertización, nuevos parásitos o migraciones humanas y de aves. Mientras que los debates en torno al grupo terrorista ETA han provocado en los últimos meses media docena de manifestaciones masivas, la lucha contra el cambio climático no consigue movilizar a nadie.

El problema de fondo podría ser que el fabuloso crecimiento económico español de los últimos años va ligado directamente al saqueo imparable de este país y sus recursos: tierra, agua, luz. El boom inmobiliario que campa a sus anchas ha adquirido unas proporciones tan terroríficas que en España se construyen anualmente más viviendas que en Alemania, Francia e Inglaterra juntas. Parte de la urbanizaciones recién creadas son ilegales. No sólo la costa andaluza, cuyo destrozo es ya proverbial, también las barriadas en torno a las grandes ciudades ofrecen imágenes fantasmagóricas de urbanismo desenfrenado, a menudo derivados directamente de favoritismos, acuerdos secretos y sobornos. Hay mucho en juego: en los últimos años, los precios de los inmuebles han aumentado en más de 150%. Entre quienes más se han enriquecido figuran los constructores, los agentes inmobiliarios y los inversores. Tampoco cesa la demanda de viviendas en España por parte de los extranjeros, sea para uso propio o como objeto de especulación.

Tan sólo entre principios de 2005 y mediados de 2006, el Seprona detectó casi trece mil obras ilegales en todo el país, sin contar Cataluña ni el País Vasco. Los delitos abarcan desde la simple anexión de terrenos públicos, pasando por reformas o vallas no autorizadas, hasta construcciones en espacios protegidos. Por cierto que gran parte de los pecadores actúan en las empresas de construcción y proceden de forma absolutamente desvergonzada. Se perforan pozos donde hace falta, se pinchan las conducciones de electricidad. Hay muchas probabilidades de que la apropiación indebida del terreno sea declarada legal a posteriori.

A modo de ejemplo: en el pasado mes de octubre, las autoridades municipales socialistas de Chiclana de Frontera (Provincia de Cádiz) decidieron legalizar quince mil casas o pisos que habían sido construidos ilegalmente en las últimas tres décadas. Poco a poco, los habitantes se registrarán y recibirán suministro eléctrico regular. Es decir, en vez de obligar al cumplimiento de las normas y penalizar de forma decidida las infracciones, el municipio ampara a los malhechores bajo el inmenso paraguas de una legislación ya carente de significado. Lo legal es lo que ocurre.

Con el titular "Saqueo urbanístico", el periódico El País informó a principios de mes sobre diez parques naturales amenazados por la industria de la construcción, o que incluso ya han comenzado a ser mordisqueados. Se trata de viviendas unifamiliares con vistas a las montañas, de estaciones de esquí, de novecientas viviendas con campo de golf. Donde la cosa está especialmente cruda es en la Comunidad Valenciana y en Murcia y Almería, donde muchos municipios están dispuestos a recalificar los terrenos originalmente protegidos, para que pueblos de 10.000 almas puedan convertirse en residencias de vacaciones y tiempo libre con un número de habitantes multiplicado por veinte. Los debates sobre la incompatibilidad, si es que tienen lugar, se libran en general en los tribunales, donde las armas están repartidas de forma muy desigual. El oso pardo, en peligro de extinción en Castilla y León, depende de la iniciativa de los ecologistas. Entretanto, los urbanizadores y los políticos provincianos ávidos de modernización se entusiasman con el "potencial de crecimiento" de su región y aluden a la creación de nuevos puestos de trabajo.

La situación en España es precaria, no sólo por las temperaturas extremadamente elevadas, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y la falta de conciencia ecológica. La avidez del sector inmobiliario y turístico acentúa una tendencia funesta: el movimiento hacia la capital o hacia las costas, mientras se abandona el interior. Las grandes obras de infraestructura y los objetos arquitectónicos de prestigio son para las zonas que ya de por si gozan de ventaja. El escritor Julio Llamazares utilizó recientemente la expresión "dos Españas", expresión que normalmente alude a los tiempos de la Guerra Civil, para hacer referencia a esta división en dos clases. Según Llamazares, las regiones ricas consideran a las más pobres como meros proveedores. Si a los ricos les falta agua, que los otros hagan el favor de ponérsela a su disposición. Los ricos apelan a la solidaridad cuando les viene bien, pero en su opinión hace tiempo que han dejado sin contenido el modelo de solidaridad de las comunidades autónomas. En la España actual rige el más acendrado egoísmo.

Para poder llevarse una parte del pastel, los municipios enajenan sus bonitos paisajes, el aire puro y la calma celestial, atributos que pronto se quedan en nada. La multiplicación de las viviendas lleva a ensanchar las calles, a construir nuevas autopistas y a sellar más superficies. De acuerdo con un estudio de compatibilidad, en el año 2004 habían en España 23 millones de viviendas privadas, de las cuales sólo 12,5 millones eran primera residencia. Aproximadamente 5,3 millones, más de un tercio, eran segundas viviendas. Los dos millones largos de inmuebles que faltan en este cálculo estaban vacíos.

Es peligrosamente ingenuo hacer este cálculo sin tener en cuenta el cambio climático, y esto en algún momento se hará notar. La cultura española de turismo y servicios se puede ir preparando. Todo lo que puede ofrecer el país habrá que volver a calcularlo y ajustarlo. Por ejemplo, el pasado invierno las estaciones españolas de esquí sufrieron importantes pérdidas debido a que a penas hubo nieve hasta el mes de febrero; se anuncian unos tiempos en los que ni la nieve artificial servirá de nada y tal vez el montañismo sea mejor idea.

El verano de 2006 puso de manifiesto el riesgo que supone vivir en las zonas más cálidas. Las reservas de agua arrojaron mínimos históricos. En Andalucía y Extremadura hubo muertes por deshidratación. La plaga estival de los incendios forestales arrasó muchas hectáreas de tierra. Imaginarse que en algún momento de nuestro siglo se pudieran sumar aún seis grados más a los 55 grados registrados en Córdoba y Sevilla es algo que nos supera.

Y no hace falta recurrir a cálculos alarmistas para saber que las cosas se pueden poner aún mucho más feas. En la actualidad, la Comunidad de Murcia ya no puede cubrir sus necesidades anuales de agua con sus propios recursos. Y sin embargo, aquí y en Almería, la región más cálida de España, en los próximos años se construirán varios cientos de miles de nuevas viviendas. Este plan demencial podría causar mayores modificaciones en esta región de lo que se ha conseguido en todo el siglo XX. Pensado como un parque temático para los acaudalados, con golf, hidromasaje y peluquería, en realidad aquí se levantará un mundo artificial de ladrillo y asfalto. El césped verde que se supone que lo rodeará, es el problema en el que hoy en día nadie quiere pensar.

En las últimas semanas son abundantes los artículos que se están escribiendo sobre los efectos provocados por el cambio climático, inducido por el incremento exponencial de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. En el último informe dado a conocer por el Panel de Expertos sobre el Cambio Climático se ha documentado por primera vez un amplio espectro de cambios debidos a las recientes modificaciones del clima en el Sur de Europa.

Como datos globales, en nuestro continente podemos citar que determinadas especies están cambiando su área de distribución como consecuencia de su adaptación a las nuevas condiciones y un gran número están entrando en procesos de extinción. El otoño y el cambio de color de las hojas se ha retrasado, y la primavera y el verano han avanzado. Las olas de calor producidas en los últimos años no tienen precedentes y, por ejemplo, en el entorno europeo en el año dos mil tres provocaron la muerte de treinta y cinco mil personas. En un congreso científico celebrado recientemente en Algeciras se ha puesto de manifiesto que las especies que migran comienzan a modificar sus pautas migratorias conocidas. Todos estos cambios observados, entre otros, se muestran correlacionados con las proyecciones de los impactos debidos al cambio climático producido por el hombre y es muy improbable que sean debidos a la variabilidad natural. Están relacionados con el incremento de concentración de gases de efecto invernadero de las últimas tres décadas.

Es difícil cuantificar los riesgos de origen climático a escala provincial, pero teniendo en cuenta Estos en el ámbito del Sur europeo, se puede decir que los eventos de precipitaciones intensas e inundaciones serán más frecuentes, las sequías serán más frecuentes y prolongadas. El estrés hídrico aumentará y, por tanto, el riesgo de incendios será más intenso, las campañas tendrán que prolongarse, y los días críticos también se incrementarán. Los incendios forestales estarán cada día más presentes y urge adoptar medidas de prevención. La política forestal tiene que tener como prioridad este aspecto. Las olas de calor más frecuentes e intensas también añadirán un panorama de mayores riesgos para la salud de las personas.

La productividad agraria sufrirá un descenso en estas latitudes. Muchas áreas que en la actualidad tienen baja productividad en la Sierra, los Pedroches y el Guadiato pueden dejar de ser rentables y, quizás, la única salida que tengan sea la producción de biodiversidad. Otro tanto se puede decir del sistema forestal, ya que muchas especies estarán alejadas de su estación. El roble melojo lo tiene difícil para continuar, la encina y el alcornoque perderán superficie, y se extenderán los matorrales, arbustos y especies más termófilas como el acebuche y algarrobo. Estos cambios se verán también reflejados en las comunidades animales, que se adaptarán a la vegetación que las soporte. Urgen investigaciones para reorientar la política forestal y de conservación para adecuarse a esta nueva situación teniendo en cuenta los escenarios previstos. De esta forma se estará en condiciones de anticiparse a los cambios. El impacto sobre la economía del sector ganadero y cinegético puede ser importante. Solo hay que pensar en los efectos que ya se ven de la "seca de la encina y alcornoque". Los bosques o sistemas arbóreos retrocederán hacia el norte o ascenderán en altitud en las zonas más altas. Las especies florísticas disminuirán su área de distribución en su borde sur y lo ampliarán en el norte, incrementándose el porcentaje de especies amenazadas principalmente en zonas de alta montaña como en las Sierras Subbéticas. Se necesitarán nuevas áreas protegidas porque las actuales perderán su funcionalidad y se cita que habrá que aumentarlas en un cuarenta por ciento. Los ecosistemas y la biodiversidad serán sensiblemente afectados. Los acuáticos temporales tenderán a desaparecer y los permanentes a disminuir su tamaño y la biodiversidad de ambos tenderá a disminuir. Estos cambios se podrán apreciar en las lagunas del Sur de Córdoba y humedales cercanos. También se cita que el caudal de muchos ríos disminuirá en verano en cerca del ochenta por ciento, por lo que los puntos de agua escasearán y será un límite para muchas especies. Llevará aparejado una disminución del potencial hidroeléctrico entre un veinte y un cincuenta por ciento. Esto obligará a incrementar otras fuentes de energía.

El cambio climático también afectará a muchos sectores y alterará la distribución de la actividad económica. La agricultura necesitará más agua que resultará más difícil de conseguir. Disminuirá la demanda de calefacción pero aumentará la del aire acondicionado. Es probable que el turismo se concentre en primavera y otoño. Todo ello sin entrar a comentar los efectos sobre las costas y el sistema económico que rodea a las mismas dado que la provincia carece de ellas.

Para algunos de estos cambios, no queda más remedio que adaptarse porque son consecuencia de las emisiones del pasado. La senda del desarrollo sostenible es la única que queda para disminuir estos efectos y evitar su incremento con el paso del tiempo. Es el momento de trabajar por la solidaridad intergeneracional.

Rafael Arenas en Diario Córdoba

Los expertos, reunidos en Bruselas, han logrado el consenso tras una reunión que se ha prolongado durante toda la noche y la mañana de hoy. Se trata de la segunda reunión del panel -establecido en 1988 por el Programa de Medio Ambiente de la ONU y la Organización Meteorológica Mundial- tras el encuentro en París del pasado febrero. Está previsto que el panel se reúna dos veces más, en Bangkok y en Valencia, en noviembre, donde presentarán una síntesis de su trabajo para elevar a los estados miembros de la ONU.

Este segundo informe repasa las consecuencias del cambio climático como carencias de agua potable que pueden afectar a miles de millones de personas, una caída catastrófica en el rendimiento de las cosechas de África, el riesgo de extinción que podría afectar hasta a un 30% de las especies animales y vegetales del planeta y el aumento de las olas de calor en Europa y en América. Éste va a ser el informe de la ONU más duro hasta la fecha sobre los resultados del calentamiento global y eso a pesar de que el redactado se ha cuidado al milímetro para evitar herir sensibilidades políticas.

Según los participantes en estas reuniones de última hora, algunos párrafos se han suavizado, aunque otros también se han endurecido, como el que predice una pérdida importante de la biodiversidad australiana, como la de la Gran Barrera de Coral, para 2020. Se espera que este informe sirva para marcar la pauta a las importantes decisiones políticas que hay que tomar en los próximos años, como la renovación del Protocolo de Kyoto más allá de 2012.

"Uno de los grandes desafíos de este siglo"

Según la organización ecologista WWF-Adena, que como expertos han participado en la realización del informe, presenta una "mirada devastadora" para el medio ambiente y la economía mundial, a menos que se tomen medidas para combatir el cambio climático. Según esta organización, el documento muestra claramente que el impacto del cambio climático está "aquí y ahora y va a ir a peor". WWF-Adena advierte de que las consecuencias del cambio climático y la elevación del nivel del mar son, por ejemplo, que diez millones de personas vivan ya a menos de un metro del agua, y que importantes masas de población estén sometidas a hambrunas. "Este informe sólo representa la punta del iceberg", dijo la organización ecologista.

Entre tanto, fuentes del Consejo de Seguridad han confirmado hoy que el órgano de máxima decisión de la ONU debatirá por primera vez durante este mes el cambio climático como amenaza a la paz y la seguridad internacional. La reunión, prevista para el próximo 17 de abril, será de carácter ministerial y contará con la presencia de la ministra de Asuntos Exteriores británica, Margaret Beckett, cuyo país ostenta la presidencia de turno del Consejo de Seguridad. El embajador británico Emyr Jones Parry, ha confirmado la cita a la prensa, después de que ya anticipara el mes pasado su intención de abordar el cambio climático como una amenaza a la seguridad mundial.

"Es un tema muy complejo y uno de los grandes desafíos para el mundo durante este siglo. A causa de este factor desestabilizador podrían desaparecer países enteros", ha declarado. Los efectos del cambio climático han sido debatidos en anteriores ocasiones en la Asamblea General, pero el Reino Unido, junto con el resto de países de la Unión Europea, están liderando los esfuerzos para analizar cómo el calentamiento global puede impactar en recursos como el agua y en la agricultura en general.

El País

CAPÍTULO II: PRINCIPIOS Y OBLIGACIONES GENERALES

1. El ambientólogo/loga estará al servicio de la sociedad. En consecuencia, en su actividad profesional velará por la sostenibilidad, a través de los actos académicos y/o profesionales.

2. El ambientólogo/loga deberá respetar la dignidad, cultura e identidad de las personas de la región donde desarrolle sus actividades o de aquellas vidas o comunidades que pudieran verse afectadas por su tarea profesional.

3. La profesión de ambientólogo/loga lleva asociada la asunción de un alto grado de responsabilidad y compromiso social. Por esta razón, el ambientólogo/loga debe ser consciente de sus deberes profesionales con la comunidad y responsable de sus actos, procurando la eficacia en su actividad y un rendimiento óptimo de los recursos y medios que la sociedad ponga a su disposición.

4. El ambientólogo/loga deberá respetar y aplicar adecuadamente todas las leyes, reglamentos, normas, reglas técnicas y código de buenas prácticas relativos a su profesión o especialidad y a los servicios por los cuales haya sido contratado.

5. El ambientólogo/loga debe respetar la dignidad personal y profesional de todos aquellos compañeros con los que mantenga cualquier tipo de relación profesional, así como mantener y potenciar la reputación del Colegio y la de su profesión.

6. El ambientólogo/loga velará por la finalidad sostenible de todos aquellos proyectos, planes, programas y/o políticas en los que colaboré.

7. El ambientólogo/loga no participará en actividades que tengan como finalidad la producción de bienes y/o servicios que puedan repercutir en la ilegalidad, fraude o engaño para la sociedad.

8. El ambientólogo/loga intervendrá siempre con total independencia intelectual y moral, no utilizará nunca medios irregulares para obtener un encargo profesional y no hará gestiones por lograr contratos profesionales bajo circunstancias que comprometan su independencia de juicio respeto de su trabajo.

9. El ambientólogo/loga deberá llevar a cabo sus tareas con la honestidad, lealtad, cuidado, competencia profesional y diligencia debidas, deberá tener en cuenta los avances técnicos, el desarrollo en sus campos de especialidad e incorporará estas mejoras en los servicios que ofrezca y acepte.

10. El ejercicio de la profesión de ambientólogo/loga está basado en conocimientos científico-técnicos y socioambientales, cuyo mantenimiento y actualización es un deber deontológico individual del ambientólogo.

11. Los colegiados prestarán la colaboración que les pueda requerir el COAMB en casos de emergencias o riesgos ambientales de carácter grave, cuando sea necesario, en pro de garantizar una cooperación global y coordinada en cualquier tema de interés general relacionado con el medio ambiente.

12. El colegiado tiene el derecho y el deber de conocer este Código Deontológico, que está conformado por normas jurídicas obligatorias que le son aplicables y que debe contemplar.

Del Código Deontológico del Colegio Oficial de Ambientólogos de Cataluña.

P.D.: Perdón si hay algún fallo en la traducción.

La empresa cordobesa Apoidea desarrollará a partir del mes de abril el primer sistema de bioindicación ambiental con abejas de una ciudad española. En este sentido, el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con esta firma de base tecnológica para que instale cuatro estaciones de monitoreo que se ubicarán en las zonas con más polución de la ciudad. El objetivo es estudiar los niveles de contaminación ambiental a través de unos animales que, según el promotor de Apoidea, José Antonio Ruiz, "ofrecen la posibilidad de hacer estudios sistematizables y fácilmente reproducibles" sobre los efectos de la contaminación en un organismo vivo. Una vez obtenidos y procesados los datos, se elaborará un mapa geográfico con la información que puede ser útil para diversas áreas como el turismo, la certificación de calidad ambiental, la planificación del territorio o la agricultura ecológica.

Las abejas pueden ofrecer información sobre la concentración de metales pesados, la radiactividad o los pesticidas. De este modo, el doctor en Veterinaria José Antonio Ruiz destacó que los pelos que recubren el cuerpo de este animal permiten que se le adhiera mucha contaminación; por su capacidad de vuelo, se espera que las estaciones cubran un área de siete kilómetros cuadrados; y pueden facilitar un estudio integral del territorio que contemple el suelo, el agua y las plantas.

Los parámetros físico--químicos empleados en la actualidad sirven como indicadores de la contaminación, pero no expresan cómo repercute en los seres vivos. Además, José Antonio Ruiz señaló que la instalación de una estación de indicadores físico--químicos, de las que existen dos en Córdoba, cuesta unos 120.000 euros, mientras que el proyecto de Apoidea, que contempla cuatro estaciones, no supera los 40.000 euros y cubrirá 28 kilómetros cuadrados en total. No obstante, el investigador subrayó que las dos medidas se complementan y son necesarias. De hecho, el proyecto de Ley de Calidad de Aire y Protección de la Atmósfera, aprobado en enero, exige a los municipios con más de 250.000 habitantes disponer de redes de evaluación, informar a la población sobre los niveles de contaminación y elaborar programas para cumplir los objetivos de calidad del aire.

Apoidea es asesorada actualmente por el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de la Consejería de Innovación, que le ofrecerá formación, alojamiento y acompañamiento hasta que se estabilice.

Diario Córdoba